La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento presentará una serie de medidas para combatir la discriminación de género ante el Consejo de Ministros el próximo septiembre. Estas medidas incluyen un proyecto de ley para la derogación de la prostitución, en un esfuerzo por promover la igualdad de género y combatir la explotación de mujeres. Redondo enfatizó en una conferencia de prensa que la iniciativa busca alcanzar una "mayor calidad democrática y feminista".
Esta decisión se produce tras intentos legislativos previos que no lograron su objetivo, lo que ha llevado al gobierno a adoptar una nueva estrategia mediante este proyecto de ley.
Situación de la prostitución en España
La prostitución en España no está legalmente regulada. Su despenalización en 1995 contribuyó a la expansión de este sector, que se estima genera anualmente 3.7 mil millones de euros. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), en 2016 había aproximadamente 70,268 personas trabajando en la prostitución en el país, aunque otras estimaciones elevan esta cifra a 300,000, la mayoría mujeres, muchas de ellas inmigrantes.
A pesar de esto, la trata o intermediación entre trabajadores sexuales y clientes se considera ilegal, lo que pone de manifiesto la contradicción de las políticas actuales, que permiten la prostitución voluntaria a la vez que criminalizan su explotación.
Justificación para la nueva legislación
La propuesta de derogar la prostitución responde a motivaciones tanto sociales como políticas. Redondo citó un informe de la Unidad de Coordinación Operativa (UCO) sobre el caso de José Luis Abalos, que evidenció la necesidad de tomar medidas decisivas. Afirmó que es momento de actuar "con firmeza" ante esta problemática, ya que muchos apoyan la idea de que la prostitución es una forma de violencia hacia las mujeres y una manifestación de pobreza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha abordado este tema en su campaña electoral de 2019, indicando que más del 80% de las trabajadoras sexuales podrían ser víctimas de mafias o tráfico de personas.
Desafíos de la legislación propuesta
A pesar de las intenciones del gobierno, el proyecto de ley enfrenta considerables desafíos. Existe una división en la opinión pública y política sobre la derogación de la prostitución. En 2022, se produjeron protestas en España por parte de propietarios de burdeles y algunos trabajadores del sector que consideraron que una legislación similar les forzaría a operar en la clandestinidad, aumentando así los riesgos de violencia y enfermedades de transmisión sexual.
Adicionalmente, algunos argumentan que la prostitución es una fuente de ingresos para muchas mujeres, especialmente inmigrantes y madres solteras que dependen de ella para sus gastos básicos. Durante la pandemia, muchas mujeres en España accedieron a este sector debido a la pobreza y la pérdida de empleo, lo que plantea interrogantes sobre qué alternativas económicas se ofrecerían en caso de abolición.
Perspectivas divergentes
La prostitución sigue siendo un tema controvertido en España. Los defensores de su derogación la ven como una forma de explotación y mercantilización de las mujeres, mientras que otros abogan por su legalización y regulación, argumentando que esto proporcionaría una mejor protección para quienes trabajan en el sector. Ejemplos de países como los Países Bajos y Alemania muestran que el régimen regulatorio puede ofrecer ventajas. Sin embargo, existe la preocupación de que una prohibición lleve a un aumento del trabajo ilegal, exponiendo a los trabajadores a mayores riesgos.
