El presidente de la Fiscalía General ha llamado a enfrentar con firmeza y rigor todos los actos y prácticas que busquen menoscabar la integridad y transparencia del proceso de inscripción en los registros electorales.
En una circular del presidente de la Fiscalía General sobre “las infracciones cometidas con motivo de la inscripción en los registros electorales generales”, dirigida a los fiscales generales del rey ante los tribunales de apelación y a los fiscales del rey ante los tribunales de primera instancia, se menciona que “no se les oculta la importancia que reviste el proceso de inscripción en los registros electorales, considerando que es la etapa fundamental para determinar el cuerpo electoral y la entrada principal que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos electorales tras cumplir con los requisitos legales necesarios para llevar a cabo dichos derechos”.
El presidente de la Fiscalía General añadió que “con miras a asegurar la integridad de los procesos de inscripción en los registros electorales generales de las violaciones que puedan reflejarse negativamente en la credibilidad e integridad de los demás procesos electorales, les insto a enfrentar con firmeza y rigor todos los actos y prácticas que busquen menoscabar la integridad y transparencia del proceso de inscripción en los registros electorales, especialmente mediante la adopción de todas las medidas legales necesarias para disuadir a los infractores, garantizando así la integridad de los procesos electorales y protegiendo su sacralidad”.
La circular mencionó que, con el fin de fortalecer el proceso de inscripción en los registros electorales contra todas las violaciones y prácticas que puedan afectar la credibilidad e integridad de dicho proceso, la ley número 57.11 relativa a los registros electorales generales y los procesos de referéndum, así como el uso de medios de comunicación audiovisual públicos durante las campañas electorales y referendarias, en su versión modificada y complementada por la ley número 55.25, tipificó una serie de actos y prácticas y estableció sanciones severas con el objetivo de lograr la protección penal necesaria para esta etapa del proceso electoral.
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