La Secretaría de Educación de Marruecos tiene la intención de obligar a las escuelas privadas a destinar el 15% de su capacidad en forma gratuita a los hijos de familias de bajos recursos, así como a personas con discapacidad o en situaciones especiales, a partir del año escolar 2025/2026.
Este enfoque se inscribe en el marco de la implementación de la ley de referencia Nº 17.51, que busca promover el «diferencial positivo» y garantizar la igualdad de oportunidades. Según el decreto del proyecto, la distribución de las plazas gratuitas se realizará de la siguiente manera: 30% para hijos de familias de bajos recursos, 30% para personas con discapacidad y 40% para situaciones sociales específicas, con la posibilidad de redistribuir estas proporciones según las necesidades locales.
El proyecto exime a las instituciones educativas privadas que no superen el 50% de su capacidad de uso. No obstante, las demás escuelas deberán presentar listas de beneficiarios al ministerio.
La Secretaría de Educación afirma que esta medida busca fortalecer la solidaridad en el sistema educativo y asegura que la implementación del decreto se realizará de manera gradual, bajo criterios que garanticen la calidad educativa y la estabilidad de las instituciones.
Además, esta iniciativa refleja la intención del gobierno de reestructurar la relación entre los sectores público y privado en la educación, basada en la «justicia social».
Sin embargo, las organizaciones que representan la educación privada en Marruecos han manifestado su rechazo a este proyecto, argumentando que la imposición de porcentajes gratuitos de esta manera afecta el principio de libertad de inversión y amenaza la estabilidad financiera de muchas instituciones educativas, especialmente las medianas y pequeñas.
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