La administración de justicia ante los actos de violencia en manifestaciones
El juez de la Fiscalía General, Hassan Farhan, afirmó que las sentencias y decisiones relacionadas con los actos de violencia y sabotaje asociados a las manifestaciones no autorizadas «se emitieron en un plazo razonable, teniendo en cuenta la situación penal de los acusados. No hubo apresuramiento en su emisión, a diferencia de lo que algunos intentan difundir intencionadamente».
En una declaración a la prensa el 28 de octubre, Farhan destacó que durante todas las etapas de investigación y juicio se garantizó un juicio justo para los sospechosos y acusados, comenzando desde el momento de su detención, asegurando que los informes de escucha se realizaron respetando los procedimientos legales establecidos. Contrario a lo que algunos intentan insinuar sobre confesiones bajo coacción.
En cuanto a las causas que aún se encuentran en los tribunales, el juez señaló que la mayoría se deben a los plazos solicitados por la defensa para preparar su defensa.
Respecto a las sentencias impuestas en ciertos delitos graves, estas no superaron los 15 años de prisión, a pesar de la gravedad de algunos actos que pueden alcanzar hasta 30 años. Esto se debe a que el tribunal consideró las circunstancias de los acusados, especialmente su situación social y la falta de antecedentes penales. Algunos casos aún están en manos de los jueces de instrucción para completar las investigaciones.
Farhan explicó que, como resultado de las manifestaciones no autorizadas y los incidents asociados, un grupo de personas fue detenido, de las cuales 3,300 fueron liberadas tras ser identificadas por las autoridades competentes. Estas manifestaciones también involucraron a varios menores, que fueron entregados a sus familiares.
En cuanto a los individuos implicados en actos delictivos graves que afectan la seguridad de las personas y los bienes, se presentaron 2,480 ante las fiscalías en varias ciudades del país, como Rabat, Casablanca, Agadir, Tánger y Oujda, para que se tomen las acciones legales correspondientes.
Farhan señaló que la investigación con las personas presentadas ante las fiscalías reveló suficientes pruebas de que muchos de ellos habían cometido delitos graves, tipificados como crímenes y faltas penalizadas según el código penal y otras leyes especiales.
Explicó que estos delitos incluyen resistencia por parte de más de dos personas armadas, insultos a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, uso de violencia que resultó en derramamiento de sangre, incitación a cometer delitos y participación en reuniones armadas, así como el vandalismo y el saqueo.
Además, se refirió a daños a bienes de utilidad pública, obstrucción del tránsito, daños a la propiedad ajena, robo agravado y la deliberada provocación de incendio en edificios deshabitados y vehículos vacíos, así como posesión de armas en condiciones que constituyan una amenaza para la seguridad.
Farhan enfatizó que las intervenciones de las fuerzas públicas “se realizaron conforme a la ley, dentro del marco de las atribuciones que les confieren las normativas sobre reuniones públicas, para proteger la seguridad de las personas y sus bienes, y garantizar el orden público, especialmente debido a los actos peligrosos cometidos por algunos acusados, como incendiar propiedades públicas y privadas y bloquear carreteras, lo que causó lesiones graves entre los elementos de las fuerzas de seguridad y daños materiales significativos”.
Por otro lado, Farhan destacó que, tras completar las investigaciones con los sospechosos, las fiscalías decidieron continuar los procesos legales contra un total de 2,480 acusados, de los cuales 959 estaban en libertad. Se han presentado cargos contra 1,473 en detención, cifra que ha disminuido tras la liberación de algunos acusados mediante sentencias de prisión suspendida y absoluciones. Algunas sentencias han dispuesto la entrega de menores a sus familias, conforme a las normas de juicio para menores establecidas en la ley de procedimiento penal.
Asimismo, se tomaron decisiones de archivo en 48 casos.
Farhan reiteró que las fiscalías realizaron un análisis minucioso de todas las pruebas presentadas contra los acusados, estableciendo su seguimiento basado en pruebas suficientes de los delitos imputados, en pleno respeto de la presunción de inocencia y demás garantías de un juicio justo, como notificar a los detenidos de los cargos en su contra y garantizar su derecho a comunicarse con un abogado y avisar a sus familias. Además, se permitió la presencia de abogados durante su presentación ante las fiscalías.
Según los datos disponibles hasta el 27 de octubre, se habían emitido decisiones contra 66 acusados en las salas de lo penal de las cortes de apelación, condenando a 61 de ellos, mientras que 5 fueron absueltos.
A pesar de la gravedad de los delitos por los que se juzga a estas personas, como la provocación de incendio y el daño, las penas oscilan entre uno y quince años de prisión. Cabe destacar que algunos crímenes pueden conllevar una pena máxima de 30 años, lo que se debe principalmente a que el tribunal considera circunstancias atenuantes relativas a la situación social de los condenados.
En los tribunales de primera instancia, se dictaron 301 sentencias contra adultos, distribuidas entre 208 condenados con penas efectivas, 66 con penas suspendidas y 27 absoluciones. También se emitieron sentencias para 162 menores, de los cuales 83 fueron entregados a sus familias, considerando su interés superior.
Farhan concluyó que las estadísticas indican que el número de absoluciones en los tribunales de primera instancia alcanzó 30, representando el 11.4% del total de sentencias emitidas. En las cortes de apelación, se emitieron 4 sentencias absolutorias, que constituyen el 9.7% del total de decisiones hasta la fecha.
