Las empresas marroquíes podrían seguir siendo autorizadas a pujar por proyectos de desarrollo financiados por la Unión Europea después de 2028, pero nuevas reglas en discusión en Bruselas podrían dar a las empresas europeas una ventaja significativa, según dos análisis preparados en julio de 2026 para el Comité de Desarrollo (DEVE) del Parlamento Europeo.
Los informes advierten que el próximo instrumento de financiamiento externo de la UE podría crear un sistema donde las empresas de países socios como Marruecos permanezcan elegibles sobre el papel, mientras se encuentren al margen en la práctica cuando se otorguen contratos importantes.
Una de las mayores preocupaciones es una propuesta que permitiría a la Comisión Europea reservar contratos para proveedores con sede en la UE si considera necesario hacerlo para proteger la seguridad, los intereses estratégicos o las cadenas de suministro del bloque.
Los estudios mencionan que la redacción es demasiado amplia, dejando preguntas clave sin respuesta sobre cuándo podría usarse la medida, cuánto duraría y si las empresas del país beneficiario seguirían pudiendo competir.
Esta incertidumbre es importante para Marruecos, uno de los vecinos del sur más cercanos a la UE y un receptor habitual de proyectos de desarrollo financiados por Europa. Incluso si los proyectos se implementan en Marruecos, las empresas locales podrían quedar excluidas de partes del trabajo si Bruselas activa la excepción.
Los estudios también plantean preocupaciones sobre otra disposición que permite a la UE entregar subvenciones directamente a empresas privadas establecidas dentro del bloque cuando los proyectos sirvan a prioridades estratégicas como materias primas críticas, infraestructura digital o resiliencia climática. Dado que estas subvenciones podrían otorgarse sin una competencia abierta, las empresas marroquíes podrían no tener nunca la oportunidad de postularse.
Según los autores, el efecto combinado de esas medidas arriesga a traer de vuelta lo que los expertos en desarrollo llaman «ayuda condicionada»—financiamiento para el desarrollo que beneficia en última instancia a las empresas de los países donantes más que a las empresas en los países donde se llevan a cabo los proyectos.
Este enfoque, argumentan, tiene un costo. Citando estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los informes indican que restringir la competencia puede aumentar el precio de los contratos de desarrollo entre un 15% y un 30%.
Con menos licitantes, los gobiernos a menudo pagan más por bienes y servicios mientras se vuelven más dependientes de proveedores extranjeros para mantenimiento, piezas de repuesto y experiencia técnica.
Para Marruecos, menos contratos para empresas locales también podría significar menos oportunidades para los subcontratistas marroquíes, cadenas de suministro locales más débiles y menos transferencia de habilidades y tecnología.
Las empresas marroquíes seguirían siendo elegibles para competir por contratos que cubran bienes, proyectos de construcción, servicios, subvenciones y ciertos premios. Pero los informes subrayan que la elegibilidad no garantiza un acceso equitativo, ya que la participación aún podría depender del tipo de proyecto, el mecanismo de financiación y cualquier restricción impuesta por la Comisión Europea.
