La Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha informado que el total de sentencias judiciales emitidas contra los detenidos por las protestas de la Generación Z ha superado las 240 hasta el 22 de octubre.
La asociación indicó que estas cifras son preliminares, considerando la magnitud de las detenciones y arrestos masivos de los manifestantes, así como los juicios y sentencias emitidas, que abarcan tanto acusaciones penales como menores, con personas en libertad provisional y en prisión.
Según el informe inicial de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, se han impuesto penas de prisión efectiva de hasta 15 años. Cuatro personas han sido sentenciadas a 15 años, un detenido a 12 años, y 31 a 10 años. Además, tres detenidos han recibido penas de 6 años y otros dos han sido condenados a 5 años.
Estas sentencias fueron impuestas por la sala penal del tribunal de apelación de Agadir e incluyen detenidos de localidades como Al Qalai, Jemis Ait Amira, Tiznit y Tarudant. También se condenó al estudiante Mohamed Bzegh a cinco años de prisión debido a publicaciones en redes sociales, y un detenido recibió una pena de cuatro años, mientras que dos más fueron sentenciados a tres años.
Se han emitido cientos de sentencias efectivas que oscilan entre un año y tres meses, abarcando también a menores en situaciones similares, como se ha visto en Alhucemas y otras ciudades. Actualmente, más de 330 menores están bajo seguimiento judicial.
Por otro lado, la asociación señala que más de 2100 jóvenes y menores han sido detenidos, con muchos de ellos liberados tras la clausura del proceso judicial. Se ha iniciado la persecución judicial contra más de 1400 personas, alrededor de 1000 de las cuales están en prisión, distribuidas entre acusaciones de delitos menores ante tribunales de primera instancia y otros casos penales en tribunales de apelación, especialmente en Agadir, Salé y Marrakech. Más de 500 personas están en libertad provisional.
La asociación también mencionó que algunos jueces de menores han decidido entregar a varios menores a sus familias. A la vez, manifestaron su preocupación por el continuo procesamiento judicial de otros menores por cargos penales.
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