Sentencia de la Corte de Apelación de Tánger en el Caso del Millonario Francés Jacques Bouthier
La Corte de Apelación de Tánger emitió un fallo el jueves 30 de octubre en el caso del millonario francés Jacques Bouthier, acusado de trata de personas y explotación sexual en su empresa «VilaFi» (anteriormente «ASO 2000»). La corte anuló condenas clave y redujo significativamente las penas del fallo inicial de julio de 2024, que sumaba un total de 34 años de prisión.
El fallo, que se dictó con la presencia de los acusados tras admitir el recurso, reclasificó legalmente varios de los cargos. Así, la mayoría de los acusados fueron absueltos de la acusación de trata de personas que provocó un trastorno psicológico, así como de acoso sexual y complicidad en estos delitos. La corte también anuló las condenas por no informar sobre delitos cometidos por algunos de los acusados, argumentando que las pruebas eran insuficientes para demostrar los delitos graves, aunque se mantuvieron algunas condenas menores, como la corrupción y el uso de promesas para obtener declaraciones falsas.
Detalles de las Sentencias de Apelación
La modificación más significativa fue para la acusada principal, Lubna H., quien había sido condenada inicialmente a diez años de prisión por trata y acoso. En la nueva sentencia, fue declarada inocente de trata y de no informar, y su condena fue reducida a cuatro años de prisión. Su esposo, Hamza, quien había recibido una pena de seis meses, vio confirmada su condena sin cambios.
Para los principales colaboradores, condenados inicialmente a cuatro años de prisión cada uno, las sentencias fueron las siguientes:
- Rashid M., Iman B., y Zakaria A.: absueltos de trata y acoso, con la pena reducida a seis meses de prisión con suspensión de ejecución y una multa de mil dirhams.
- Mohamed Y. B. e Idris A.: absueltos de trata, con la pena reducida a seis meses de prisión efectiva y una multa de mil dirhams.
- Emmanuel F.: reclasificación de los cargos a un delito menor de corrupción según el artículo 490 del Código Penal, con pena reducida a seis meses de prisión efectiva.
La corte obligó a todos los acusados a cubrir los costos judiciales de manera solidaria y levantó las medidas provisionales adoptadas contra ellos, incluidas las detenciones preventivas. Se notificó a los acusados que tenían diez días para presentar un recurso de casación.
Demandas Civiles: Remisión a Otros Juzgados y Reducción de Indemnizaciones
En el ámbito civil, la corte anuló las indemnizaciones inicialmente otorgadas a la mayoría de las víctimas, considerando que no tenía competencia para decidir sobre sus reclamaciones. Esto incluyó las solicitudes de Meryem A., Samira A., Anas B., Kawtar A., e Ikram A., quienes debieron asumir sus propios costos.
Las demandas de Rihana A. contra la mayoría de los acusados también fueron desestimadas, remitidas a las autoridades competentes. No obstante, se redujo la indemnización otorgada a Rihana A. contra Lubna Hamiri a 50,000 dirhams, imponiéndole a esta última los costos judiciales.
Contexto
El caso comenzó en junio de 2022, tras denuncias de seis exempleadas de la empresa en Tánger, lo que generó un amplio debate sobre la protección de los trabajadores extranjeros y marroquíes en empresas extranjeras, especialmente con la implicación del propio Bouthier, quien estuvo ausente en la mayoría de las sesiones. La fiscalía había solicitado inicialmente penas de hasta 30 años para disuadir, mientras que la defensa de las víctimas abogó por indemnizaciones superiores a cinco millones de dirhams, considerándolas insuficientes para compensar el sufrimiento psicológico y social.
Por otro lado, la defensa de los acusados insistió en su total inocencia, alegando que las acusaciones estaban basadas en denuncias falsas motivadas por represalias o tensiones diplomáticas entre Marruecos y Francia, que ya se han superado. Uno de los abogados hizo un llamado a proteger la independencia del poder judicial para evitar la politización del caso.
