La Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Prevención de la Corrupción (INPPLC) anunció el miércoles 15 de octubre la suspensión temporal de la ejecución del contrato para elaborar un «Mapa de Riesgos de Corrupción» en el sector salud, tras la difusión de alegaciones sobre un conflicto de intereses que involucra a la oficina ganadora del contrato, Forvis Mazars.
Esta decisión se produce en medio de una ola de protestas juveniles lideradas por «Generación Z 212», que ha reavivado el debate sobre las fallas del sistema sanitario.
Según un comunicado oficial de la entidad, el contrato, valorado en aproximadamente 2.4 millones de dirhams marroquíes, fue adjudicado a la firma franco-estadounidense Forvis Mazars tras una competencia entre tres consultoras. El estudio, previsto para durar siete meses, tiene como objetivo analizar los riesgos en tres áreas principales: la relación del paciente con el hospital, la cadena de producción y distribución de medicamentos, y la organización de clínicas y consultorios privados.
Se esperaba que el estudio profundizara en el «desmantelamiento de redes de influencia» que controlan el proceso de tratamiento y el gasto público, según los términos del contrato. Sin embargo, el debate se intensificó luego de que fuentes mediáticas revelaran que Forvis Mazars es, además, la firma auditora de la empresa «Akdital», uno de los mayores actores del sector salud privado en Marruecos, manteniendo una relación contractual hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prórroga por seis años adicionales.
Estas conexiones han suscitado preguntas sobre la independencia del estudio, ya que se teme que el vínculo comercial entre la oficina y «Akdital» pueda influir en la objetividad del análisis, especialmente en el contexto de la detección de «corrupción estructural» dentro del sistema sanitario del que proviene el cliente.
Fuentes cercanas al asunto han calificado la situación como un «incumplimiento sustancial» del principio de imparcialidad, que podría llevar al «intercambio de información sensible» afectando la precisión de los resultados.
En una rápida respuesta, la INPPLC afirmó que «investigará este problema» y «tomará todas las medidas legales y administrativas para mitigar este conflicto en el contrato». Asimismo, la entidad decidió remitir el caso a los organismos competentes para su investigación, reafirmando su compromiso con los principios de transparencia e igualdad en la gestión de contratos públicos.
Este incidente se da en el contexto de las protestas de «Generación Z 212» que han tenido lugar en las principales ciudades marroquíes desde finales de septiembre de 2025, exigiendo reformas urgentes en los sectores de salud y educación.
El movimiento juvenil, que no está políticamente organizado, informó que reanudará las manifestaciones el próximo sábado para demandar mejoras en los servicios de salud, en medio de una escasez considerable de personal médico (0.43 médicos por cada mil habitantes) y un presupuesto para el sector de 118 mil millones de dirhams (16.4% del presupuesto general). Informes indican que la corrupción cuesta a Marruecos alrededor de 50 mil millones de dirhams anuales, lo que amenaza el financiamiento de servicios básicos, y las protestas reflejan un «descontento creciente» ante la brecha entre los hospitales públicos deteriorados y los privados avanzados.
Observadores señalan que la suspensión del contrato representa una prueba para la credibilidad de la INPPLC en la lucha contra la corrupción, especialmente en un sector crucial que ha generado protestas juveniles. Se espera que la investigación produzca una decisión final en las próximas semanas, que podría fortalecer la confianza pública o agudizar las dudas sobre los mecanismos de control.
La INPPLC, establecida bajo la ley orgánica 116-13, es un instrumento clave en la estrategia nacional de lucha contra la corrupción, y esta intervención ocurre en un momento en que el país está realizando esfuerzos reformistas para mejorar la gobernanza en el gasto público.
Fuente
