La parlamentaria Salwa Bardai ha solicitado a la Secretaría de Estado de Marruecos aclaraciones acerca del permiso otorgado para la construcción de un proyecto inmobiliario que incluirá 135 villas de lujo en una extensión de 35 hectáreas del bosque de Madiuna, ubicado en Tánger. Esta decisión ha suscitado un amplio debate entre los residentes, ecologistas y defensores de los derechos humanos.
El bosque en cuestión se considera una de las pocas áreas verdes que quedan en la ciudad, lo que genera preocupaciones en el contexto de los crecientes desafíos climáticos.
Hassan Belkheidir, concejal del municipio, reveló recientemente la autorización para la edificación, a pesar de decisiones anteriores que ordenaban la demolición de construcciones ilegales bajo la dirección del rey Mohamed VI.
El bosque de Madiuna es un recurso ambiental vital para Tánger, ya que contribuye a la mejora de la calidad del aire, la reducción de la contaminación y la oferta de espacios naturales para la comunidad. La autorización para el desarrollo de villas lujosas en importantes zonas de esta área ha generado temores sobre la pérdida de este recurso estratégico.
El proyecto, destinado a un segmento de la población adinerada, ha sido percibido como una amenaza al bienestar público, generando interrogantes sobre el cumplimiento de las normativas ambientales y de urbanismo, especialmente en el marco del discurso oficial sobre el desarrollo sostenible.
La parlamentaria del Partido de la Justicia y el Desarrollo expresó que la comunidad local se ha mostrado sorprendida ante esta decisión. Esta situación pone de manifiesto la problemática en la gestión de áreas forestales y la necesidad de mantener el equilibrio ambiental en las ciudades, un aspecto crucial en medio de la creciente frecuencia de cambios climáticos y la escasez de espacios naturales.
Bardai plantea serias dudas sobre el respeto de los procedimientos de urbanismo, los estudios de impacto ambiental y el principio de justicia territorial en la programación de proyectos urbanos. Se considera que este desarrollo beneficia a un grupo limitado mientras perjudica un interés ecológico colectivo.
La parlamentaria ha pedido a la Secretaría de Estado que aclare los fundamentos legales y administrativos que justificaron la concesión del permiso para este proyecto. También se interroga si se realizó un estudio de impacto ambiental y si este puede ser consultado por el público.
Además, ha solicitado información sobre la concesión para la destrucción de una vasta área forestal en un momento en que se promueven políticas ambientales sostenibles. Asimismo, demanda detalles sobre las medidas que se implementarán para garantizar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de los recursos ambientales y naturales de Tánger.
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