El Consejo de Diputados aprobó en una sesión legislativa celebrada hoy martes, por mayoría, el proyecto de ley número 66.23 relacionado con la regulación de la profesión de abogado.
El proyecto de ley obtuvo la aprobación de 163 diputados, mientras que 57 diputados más lo opositaron.
En una presentación sobre los aspectos más destacados de la ley, el Ministro de Justicia, Abdellatif Wahbi, explicó que este proyecto es una extensión de un proceso reformista integral para modernizar el sistema de justicia en su totalidad, especialmente en lo que respecta a la capacitación de las profesiones jurídicas y judiciales, considerándolas una base fundamental para lograr la eficacia judicial que busca el ciudadano, el inversor y la sociedad por igual.
El ministro afirmó que, con el fin de elevar los estándares y condiciones de acceso a la práctica legal, se ha estipulado adoptar un sistema de concurso para ingresar a la profesión, en lugar del sistema de examen, para atraer a los mejores talentos. Agregó que se ha estipulado que el candidato que aprueba exitosamente el concurso de acceso a la profesión adquiere la condición de estudiante y pasará, en esta condición, un período de formación básica de un año en el instituto de formación.
Continuó diciendo que el estudiante recibe durante este período una formación teórica, y tras completarla recibe un certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, entregado por el instituto, seguido de un período de prácticas de 24 meses bajo la supervisión de la asociación de abogados pertinente, considerando la importancia de la formación para elevar el nivel de desempeño de los abogados. Agregó que el instituto proporciona formación especializada en beneficio de los abogados en ejercicio para permitirles desarrollar sus experiencias y les otorga un certificado que los califica como abogados especialistas.
En cuanto a la inmunidad de la defensa, el señor Wahbi destacó que el proyecto incluye nuevas disposiciones que buscan reforzar la inmunidad de la defensa, estipulando que, en caso de que un abogado sea arrestado o puesto bajo custodia, se debe notificar al Decano de la Asociación de Abogados de la jurisdicción del tribunal de apelación donde ocurrió el arresto, utilizando todos los medios disponibles.
Respecto al procedimiento disciplinario, el ministro señaló que, en el contexto de mejorar la eficacia y la imparcialidad del proceso disciplinario para los abogados, garantizándolo con todas las garantías en beneficio del abogado que pueda cometer una infracción a los textos legales o normativos o a las reglas de la profesión, se ha estipulado que el decano debe tomar una decisión fundamentada sobre las quejas recibidas en contra de un abogado, dentro de un mes a partir de la fecha de recepción.
Por otro lado, el señor Wahbi indicó que se ha estipulado, por primera vez, disposiciones que buscan la representación de las abogadas en los consejos de las asociaciones de abogados, y también, como implementación de las recomendaciones del Pacto de Reforma del Sistema de Justicia, se ha estipulado limitar la duración de la elección del decano a un solo mandato no renovable.
Por su parte, los componentes de la mayoría afirmaron que la importancia de este proyecto no radica solo en considerar la abogacía como una profesión libre, sino como un socio estratégico en la realización de la justicia y la seguridad judicial y la estabilidad institucional, alabando las disposiciones cualitativas que contiene y que se relacionan con la modernización del sistema de formación básica y continua, así como la implementación de un sistema más eficaz de acceso a la profesión.
También destacaron las disposiciones que buscan fortalecer la especialización profesional y reforzar la inmunidad de la defensa, modernizar el procedimiento disciplinario y abrirse a las transformaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas y judiciales, observando que el proyecto también refleja una conciencia sobre la importancia de vincular la justicia con las transformaciones económicas y de inversión, especialmente mediante la regulación de la práctica de abogados extranjeros en Marruecos, respetando la soberanía de la ley y protegiendo los intereses del reino y fortaleciendo su atractivo económico.
Desde esta perspectiva, la mayoría expresó su postura positiva sobre el contenido del texto legislativo, que consideraron «un mensaje político fuerte que reafirma que Marruecos continúa modernizando su sistema legal y judicial, y fortaleciendo el estado de instituciones y construyendo una justicia real, abierta y equilibrada».
Por su parte, la oposición parlamentaria alabó las disposiciones que trae el proyecto, incluyendo la institucionalización de las sociedades civiles profesionales, la modernización de las condiciones de acceso a la profesión y la apertura de campo para doctores y profesores universitarios, y la promoción de un enfoque de género para permitir a las abogadas acceder a los consejos de la asociación.
En cambio, la oposición consideró que la ley, en su forma actual, a pesar de las cualidades que contiene, todavía “consolida una tendencia legislativa hacia el control de la profesión y le quita el carácter de autorregulación”, observando, por ejemplo, la falta de estipulación sobre la obligación de los abogados extranjeros autorizados a litigar de utilizar el idioma árabe, en aplicación del principio de reciprocidad, además de lo que consideraron un endurecimiento de las disposiciones disciplinarias.
Todos los componentes de la oposición coincidieron en que “la regulación deseada debería constituir un acceso real para la calificación y mejorar la calidad del desempeño profesional”, enfatizando que “no puede haber una verdadera reforma si su costo es debilitar la defensa o retroceder en los logros”.
Contenido generado a partir de la versión árabe de Tanja7.com
